LEY (Pcia. de Tucumán) S.M. de Tucumán, 13 de marzo de 2015 B.O.: 19/3/15 (Tucumán) Vigencia: 28/3/15

Transcripción

1 LEY (Pcia. de Tucumán) S.M. de Tucumán, 13 de marzo de 2015 B.O.: 19/3/15 (Tucumán) Vigencia: 28/3/15 Provincia de Tucumán. Responsabilidad social y ambiental. Políticas de equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y ambientales. Balance de Responsabilidad Social y Ambiental - BRSA. Su creación. Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental. Su obtención. Ley de Responsabilidad Social y Ambiental Objeto y ámbito de aplicación Objeto Art. 1 El objeto de la presente ley es promover conductas de responsabilidad social y ambiental, en el diseño y materialización de las políticas y acciones de los sujetos, garantizando a la sociedad el acceso a la información respecto de los resultados obtenidos por su actuar responsable. Para ella se fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA). Definición Art. 2 A los efectos de la presente ley, se entiende por responsabilidad social y ambiental a la adopción de políticas permanentes tendientes a lograr un estado de equilibrio entre los objetivos económicos de los sujetos comprendidos en la misma y las necesidades sociales y ambientales, mediante un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con los que interactúa y contribuyendo al desarrollo sustentable y la preservación del ambiente para el presente y las generaciones futuras. Ambito de aplicación Art. 3 Esta ley será aplicable a todas las organizaciones que tengan domicilio legal o comercial en la jurisdicción de la provincia de Tucumán o desarrollen su actividad principal, con al menos un año de funcionamiento en la misma, desde el momento de vigencia de esta ley, ya sean privadas, estatales o mixtas, nacionales o extranjeras. Las organizaciones antes mencionadas podrán acceder voluntariamente a los alcances y efectos de esta ley. Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Definición

2 Art. 4 A los efectos de la presente ley, se entiende por Balance de Responsabilidad Social y Ambiental al instrumento público y con carácter de declaración jurada, presentado por los sujetos comprendidos en el art. 3, destinado a informar, medir y evaluar, en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de la política social y ambiental de la organización. En este documento se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad socio-ambiental, valorando en forma objetiva las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas en su comportamiento. El término balance, a los efectos de esta ley, se concibe en el más amplio sentido, de modo que independientemente de la denominación que se utilice este instrumento cumpla con los requisitos de información mencionados precedentemente. Contenido Art. 5 Los BRSA deberán contener, como mínimo, un detalle de las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones a desarrollar, enumerando en forma clara los objetivos, ámbitos temáticos y territoriales a intervenir, beneficiarios a alcanzar y resultados esperados, así como también los recursos a aplicar para el logro de los mismos. A tal efecto, deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos: 1. Protección y conservación del ambiente. 2. Promoción de la economía social. 3. Desarrollo de infraestructura y equipamientos sociales y comunitarios. 4. Otorgamiento de prioridad en la adquisición y locación de bienes y servicios a proveedores de la provincia según las leyes vigentes. 5. Creación de empleo genuino en la provincia y protección de los derechos laborales. 6. Desarrollo de programas y acciones en materia de recursos humanos. 7. Respeto por las disposiciones legales en materia de derechos al consumidor, de la competencia, laboral, previsional, de la Seguridad Social, y demás prescripciones relacionadas que sean de aplicación a los sujetos alcanzados por esta normativa. 8. Inversiones destinadas a solventar conductas socialmente responsables. 9. Distribución del valor económico generado, entre los distintos grupos de interés que participan en la sociedad. La información suministrada será evaluada utilizando indicadores que permitan conocer las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la organización, teniendo como referencia los desarrollados por la Global Reporting Initiative (GRI) en su última versión. Pudiendo la autoridad de aplicación fijar otros lineamientos que tengan como propósito el cumplimiento del objeto de la presente norma. Presentación

3 Art. 6 El BRSA deberá presentarse ante la autoridad de aplicación, anualmente en la fecha de cierre de cada ejercicio económico, debidamente auditado por un contador público independiente matriculado, quien deberá emitir su informe de acuerdo con las normas profesionales de su competencia, cuya firma será certificada por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Evaluación Art. 7 El BRSA será evaluado por la autoridad de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto por la presente norma, según la modalidad y el procedimiento que establezca la reglamentación. Aprobación y publicación Art. 8 La autoridad de aplicación se expedirá aceptado o rechazado el BRSA. El BRSA aceptado será público y de libre acceso por parte de la población, a tal fin se creará un registro en la página web del Gobierno de la provincia. La aceptación del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental habilitará a los sujetos comprendidos en esta ley a obtener y exhibir el distintivo denominado: Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental, que será otorgado por la autoridad de aplicación mediante acto administrativo. Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental Vigencia Art. 9 El Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental tendrá vigencia de un año. Art. 10 Condiciones para el otorgamiento del Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental : No podrá otorgarse el Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental en beneficio de ningún sujeto que, al momento de realizar la solicitud de tal certificado, mantenga deudas con el Estado provincial o se encontrare incumpliendo una sanción firme en sede administrativa que le haya sido impuesta por incumplimiento de normativas municipales, provinciales o nacionales referentes a los aspectos sociales o ambientales de la actividad. La autoridad de aplicación deberá constatar el cumplimiento de las normativas y la ausencia de dichas deudas. Registro Provincial de Sujetos Certificados Art. 11 La autoridad de aplicación creará y administrará un Registro Provincial de Empresas y Organizaciones en general que hayan obtenido el certificado previsto en el art. 8 de la presente ley. Beneficios Art. 12 Quienes obtengan el certificado podrán acceder, de acuerdo con las pautas que determine la reglamentación, a los siguientes beneficios:

4 1. Acompañamiento del Estado provincial en los procesos de búsqueda de nuevas inversiones privadas, nacionales o extranjeras, destinadas a potenciar o ampliar sus actividades empresariales en la provincia. 2. Prioridad en las contrataciones con el Estado provincial, cuando exista igualdad de condiciones en la oferta. Los municipios que adhieran a la presente ley pueden adoptar el mismo criterio en lo concerniente a este tema. 3. En materia de créditos públicos, mejores y mayores posibilidades de obtener mejoras económicas y financieras y facilidad de acceso a los mismos. 4. En materia de créditos privados, posibilidad de obtener iguales beneficios que los indicados precedentemente, siempre que exista un convenio pertinente entre la entidad otorgante y el Estado provincial. 5. Representar a la provincia con sus productos o servicios en ferias nacionales o internacionales en las cuales la misma concurra, debiendo la reglamentación establecer el modo de priorización entre las mismas. 6. Posibilidad de publicitar y promocionar sus acciones, productos o servicios en espacios facilitados por la provincia de Tucumán. 7. En caso de entes u organismos del Estado que, por institucionalizar las prácticas de responsabilidad social y ambiental, accedan al Certificado de responsabilidad social y ambiental, obtendrán el distintivo de organismo comprometido con la responsabilidad social y ambiental, el que podrá ser exhibido y utilizado públicamente. 8. Cualquier otro beneficio que determine la reglamentación. Autoridad de aplicación Autoridad de aplicación Art. 13 Créase el Consejo de Control de Empresas y Organizaciones Comprometidas con la Responsabilidad Social y Ambiental de Tucumán (CCEOCRSA), quien será la autoridad de aplicación de la presente ley. Su dirección y administración estará a cargo de un directorio integrado por: 1. Un representante del Ministerio de Desarrollo Productivo, con incumbencia en temas de medio ambiente. 2. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 3. Dos representantes de la Honorable Legislatura de Tucumán, uno de la minoría. 4. Un representante de la Federación Económica de Tucumán. 5. Un representante del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. 6. Invítase a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Universidad Tecnológica Nacional a designar un representante por cada una, a fin de integrar el Directorio.

5 El Directorio del CCEOCRSA se desempeñará en carácter de ad honórem y será presidido por el representante del Ministerio de Desarrollo Social. La autoridad de aplicación quedará facultada para dictar su propio reglamento y se priorizará la toma de decisiones por consenso. Atribuciones Art. 14 La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones: 1. Evaluar, aceptar o rechazar el Balance de Responsabilidad Social y Ambiental. 2. Otorgar el Certificado tucumano de responsabilidad social y ambiental y el distintivo de Organismo comprometido con la responsabilidad social y ambiental en caso de entes u organismos del Estado. 3. Crear y administrar el Registro provincial previsto en el art. 11 de la presente norma. 4. Propiciar el cumplimiento de esta norma a través de su promoción. 5. Suscribir convenios con universidades, ONG y organismos privados o públicos nacionales, provinciales y municipales, a fin de realizar informes técnicos específicos. 6. Toda otra facultad que surja de la presente ley o que tienda al cumplimiento de su objetivo. Disposiciones generales Art. 15 Se invita a los municipios a dictar las normas necesarias para facilitar y optimizar el alcance de los objetivos y aplicación de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. Art. 16 El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta días desde su promulgación. Art. 17 De forma.