CONCLUSIONES. viene a llenar un vacío en la materia, que constituye un conjunto de

Transcripción

1 CONCLUSIONES Al analizar los procedimientos administrativos establecidos en la Ley de Costos y Precios Justos en Venezuela, se pudo corroborar que esta ley viene a llenar un vacío en la materia, que constituye un conjunto de instancias que se deben seguir y que tienen por objeto regular, administrar y controlar los precios para mantener la estabilidad de los mismos, de esa forma hacer más accesible a la población los bienes y servicios en igualdad de condiciones, para lograr un desarrollo armónico económico y social. Asimismo, al analizar los principios que rigen los procedimientos administrativos indicados en la Ley de Costos y Precios Justos en el artículo 49, se concluye que los procedimientos administrativos contemplados en esta Ley se rigen por una serie principios que le dan fundamento y a la vez de limitación a la acción del funcionario, entre los más importantes el de publicidad, libertad probatoria, primacía de la realidad, actuación de oficio, entre otros. Asimismo el principio de publicidad se refiere al conocimiento que todas las partes involucradas deben tener con respecto al expediente para un mejor ejercicio del derecho a la defensa. Además, en el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Costos y Precios Justos, el funcionario es el director e impulsor del procedimiento en todas las etapas del mismo hasta su conclusión, lo cual es importante por cuanto es la mejor forma de darle continuidad al proceso, hacerlo más eficaz y eficiente. 94

2 95 Además, en el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Costos y Precios Justos, el funcionario es el director e impulsor del procedimiento en todas las etapas del mismo hasta su conclusión, lo cual es importante por cuanto es la mejor forma de darle continuidad al proceso, hacerlo más eficaz y eficiente. De igual manera establece el principio de primacía de la realidad, donde lo que se pretende es que el funcionario en la sustanciación del procedimiento busque la verdad de los hechos y la inquiera por todos los medios posibles legalmente permitidos. La libertad probatoria, se pueden utilizar en estos procedimientos todos los medios probatorios permitidos legítimamente en las leyes. También se tiene el principio de lealtad y probidad procesal, lo cual significa la fidelidad y a la honestidad de los interesados y sus representantes y apoderados durante el procedimiento, significa entonces que estos deben actuar de conformidad con la ley, atendiendo a los principios y reglas establecidas, sin trampas, es decir, jugando limpio. De igual forma el principio establecido en la Ley en comento es la Notificación Única, ya que una vez practicada la notificación, el interesado o interesada queda a derecho, sin necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del procedimiento, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Como se observa, estos procedimientos establecidos en la Ley de Costos y Precios Justos difieren de los procedimientos generales establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por

3 96 cuanto éstos necesitan de la acción del particular para poner en marcha el procedimiento y mantenerlo activo, a menos que se trate de los que se apertura de oficio. Con respecto a analizar el procedimiento de inspección y/o fiscalización, éste le concede las más amplias facultades a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, de revisar, evaluar, controlar así como vigilar, y velar por el desarrollo equitativo de los bienes y servicios para así poder evitar las ilegalidades de todo sector económico. Así mismo se puede decir una inspección y fiscalización en materia de Costos y Precios Justos es un acto administrativo que dicta la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, a fin de realizar acciones de regulación, control, comprobación, supervisión y por su puesto inspeccionar, fiscalizar y sancionar por parte del Estado a los agentes económicos en cuanto a la obediencia de las obligaciones establecidas en el presente Decreto. Por consiguiente el procedimiento de inspección y/o fiscalización, se inicia con el auto de apertura y el levantamiento del acta de inicio, luego se notifica a los sujetos objeto de regulación, posteriormente se ejecuta la revisión de los sujetos sometidos a control por la ley, seguidamente el acta de verificación y el acta de conformidad, cuando de la inspección se desprende que no hay ilícitos o irregularidades con respecto a la aplicación de la ley. De igual manera las medidas preventivas que se pueden dictar entre las cuales se tienen suspensión de la actividad, comiso, requisición u ocupación

4 97 temporal de los establecimientos, cierre temporal, suspensión temporal de licencias, autorizaciones o permisos, entre otras a fin de asegurar el bien de la comunidad y por último la guarda de bienes objeto de medidas preventivas. De la misma forma, al analizar el procedimiento sancionatorio, el cual se abre cuando aparecen circunstancias o hechos que transgredan las disposiciones de la Ley de Costos y Precios y su Reglamento Parcial, que se inicia también con el auto de apertura, luego viene la notificación, para luego darse la audiencia de descargos la cual se refiere al acto en el que se le señalan o imputan al presunto infractor los hechos cometidos por él, que constituyen una transgresión a la Ley de Costos y su Reglamento. seguidamente viene el acto de conformidad para el caso de que no haya violaciones a la ley y su reglamento. Luego puede ocurrir que si hay transgresiones a la ley y su reglamento sino que aceptan los hechos, caso en el cual se le hacen los descargos donde se le imputan las infracciones a la ley, luego se abre el lapso probatorio con libertad de pruebas, también en este procedimiento se pueden dictar medidas preventivas, para luego llegar a la terminación del procedimiento, que se manifiesta a través de un acto administrativo, llamado acto conclusivo, que expresa la voluntad de la Administración, que manifiesta la decisión que en este caso es la sanción o la absolución. Es así como el procedimiento puede terminar de manera normal por la decisión del Superintendente de Costos, o de manera anormal por

5 98 desistimiento o perención, silencio administrativo, caducidad y prescripción. Luego de la decisión se ejecuta la misma, pero esa ejecución puede ser voluntaria, la cual debe hacerse en un plazo de 3 días hábiles, o la ejecución forzosa, para cuando se niegue a ejecutarla. Y por último para el caso que sea culpable se le imponen las sanciones previstas en la ley En cuanto a analizar los recursos que establece la Ley de Costos y Precios Justos, estos son los procedimientos de segundo grado a través de los cuales los afectados por un acto administrativo lo impugnan por ante el órgano que lo dictó u otro de superior jerarquía. Son procedimientos de segundo grado porque tienden a la revisión de un acto administrativo anterior y del procedimiento de su formación, se dirigen contra decisiones formales de la Administración. Para ejercer el recurso es necesario que el recurrente haya sido afectado por el acto, es decir, que haya sido lesionado en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. Así mismo, los recursos se pueden interponer en dos formas: en vía administrativa y/o en vía jurisdiccional. Por otra parte los recursos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y que agotan la vía administrativa son el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico, además del recurso de revisión que es un recurso especialísimo, que solo puede interponerse en los casos expresamente señalados en la ley. Los interesados podrán interponer los recursos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación cause indefensión, o lo prejuzgue

6 99 como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legitimados, personales y directos. Así mismo, están los recursos judiciales, que son los medios de impugnación contra los actos administrativos que dicta la Administración Pública, que se impugnan en la vía o ámbito judicial, por ante los Tribunales Contenciosos Administrativo, recursos judiciales estos establecidos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo tanto se pueden interponer los Recursos que establece la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativo, que serían el de nulidad de actos administrativos, el de demandas de contenido patrimonial; también es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. En definitiva una nueva ley muy novedosa que viene a regular los costos de producción con el ánimo de que una vez elaborado el producto o bien o generado el servicio su precio al consumidor o usuario sea en proporción a lo invertido en producción y/o generación, sin aumentos desmedidos ni abusivos.

7 100 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS LEYES Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial No Ley de Costos y Precios Justos. (2011). Decreto Nº 8331 del 14 de julio de Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA, 1981). Gaceta Oficial Nº Reglamento parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (2011). Gaceta Oficial N LIBROS Adam A., Alfredo y Becerril L., Guillermo. (1996). La fiscalización en México. Universidad Nacional Autónoma de México. Fomento Editorial. Araujo Juárez, (2008). Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo, VADELL, 3ª. Reimpresión, Valencia. Arias, Fidias (2004) El Proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 4ta. Edición, Caracas-Venezuela: Episteme. Bavaresco de Prieto A. (2001) Proceso Metodológico en la investigación Como hacer un Diseño de Investigación. 4ta Edición. Maracaibo: Ediluz, Brewer Carías, A. (2009) El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana. Chávez (2001) Introducción a la Investigación Educativa. Maracaibo Editorial Gráfica González Caracas. Editorial Vanson. Hernández, R. Fernández, C. Baptista, P. (2006). Metodología de Investigación. Editorial McGraw-Hill Companies, Inc. DF. México. la Lares Martínez, Eloy (2001). Manual de Derecho Administrativo. Venezuela: Editorial Exlibris. Nava, H. (2008). La Investigación Jurídica. Editorial Ediluz. Maracaibo-

8 101 Venezuela. Ossorio, M. (2008) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 1ra. Edición electrónica. Tamayo y Tamayo (2002) Metodología formal de la investigación Segunda Edición. Editorial Limusa.

9 ANEXOS

10 ANEXO A INSTRUMENTO DE VALIDEZ

11 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DR. RAFAEL BELLOSO CHACÍN FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO INSTRUMENTO DE VALIDEZ DE CONTENIDO ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS EN VENEZUELA PRESENTADO POR: BR. DELGADO LEYDI T.S.U. GONZÁLEZ HARRINSÓN ESP. HUERTA YUSMAY LCDA. PACHECO ANA EXP. N FACILITADOR METODOLÓGICO M.SC. ADEGNY LEYDEN FACILITADOR ACADÉMICO M.SC. DORIS VALBUENA MARACAIBO, MAYO 2012