VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Transcripción

1 VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Roxana García-Bedoya 1 Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 1. El concepto La vigilancia social o ciudadana es un concepto que se sustenta en el derecho a la participación en la vida política, social, económica y cultural de toda persona, orientada al ejercicio del control ciudadano sobre la gestión pública. Bajo el nombre de control ciudadano se introducen en la Constitución de 1993, mecanismos como la revocatoria de autoridades, remoción de autoridades y demanda de rendición de cuentas, a nivel municipal y regional, entre otros. La vigilancia social toma forma a partir de la decisión de diversas instancias de la sociedad civil que se organizan para hacer seguimiento al cumplimiento de determinados compromisos que los gobiernos han adquirido en diversos campos. Los movimientos de derechos humanos y los movimientos feministas son los que tienen una trayectoria importante en este campo. En diversas partes del mundo han surgido iniciativas por ejemplo en relación a la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos y compromisos firmados en las diversas cumbres: la Cumbre de la Infancia, la Cumbre Social, la de Población, la de los Derechos Humanos etc. Es un concepto que cobra importancia al verificarse que el secreto respecto de la gestión del Estado contribuye a la consolidación de formas de gobierno burocráticas, ineficientes, con despilfarro presupuestal y propensas a la manipulación política y a la corrupción. En el Perú hemos tenido una experiencia aleccionadora al respecto. De alguna manera el concepto de vigilancia complementa el de fiscalización que es una atribución institucionalizada en la división de poderes del Estado, al abrir un canal a la sociedad civil para ejercer una labor de seguimiento más específico sobre el cumplimiento o no de acuerdos, compromisos, decisiones que el Estado ha asumido. Constituye un canal de participación, no excluye ni reemplaza otros canales, los complementa y permite ejercer una función en la que el control se combina con una acción más propositiva. Estos dos conceptos, vigilancia y participación, están en la intuición que da origen a la Mesa de Concertación durante el gobierno transitorio. La Mesa surge del convencimiento de que se requiere la participación del conjunto de los sectores públicos y privados para poder superar los profundos problemas de desigualdad y exclusión social que vive el país, recuperar sobre bases sólidas la institucionalidad democrática y darle gobernabilidad al país, así como lograr los niveles de bienestar y justicia social a los que aspiramos todos los peruanos y peruanas. 1 Presentación en Taller de la Defensoría del Pueblo

2 Para que se pueda concertar las políticas sociales entre el sector público y la sociedad civil en una perspectiva de desarrollo humano con enfoque de equidad y de género (primer objetivo de la Mesa), se reconoce entonces la necesidad de institucionalizar la participación de la ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y fiscalización de la política social del Estado (tercer objetivo), como forma a su vez de lograr la eficiencia, transparencia e integridad de los programas de lucha contra la pobreza (segundo y cuarto objetivos). 2. Condiciones de la vigilancia Por parte del Estado supone: una capacidad de formular políticas de manera tal que sus metas y sus resultados puedan ser verificables y que los medios con los que se propone llegar a ellos sean de fácil acceso en términos de información. Si no se tiene políticas bien formuladas y no hay disponibilidad de información, en términos de oportunidad de acceso a ella, facilidad para manejarla y comprenderla y que no suponga un alto costo para quien busca informarse, será muy difícil ejercer una labor de vigilancia. Una valoración de la acción de vigilancia de la sociedad como herramienta que complementa sus propias acciones de monitoreo. Por parte de la población supone: una conciencia ciudadana en términos de conciencia de derecho que tiene todo ciudadano/a a conocer cómo cumple el gobierno el mandato que se le ha confiado. La crisis de la política de los últimos años, añadida a una débil conciencia ciudadana o la imposibilidad de ejercerla, ha generado una cultura de la delegación total de responsabilidades en el mandatario al que sólo se lo elige y luego se lo deja gobernar para finalmente aprobarlo o condenarlo. Una posibilidad de convocar presencias múltiples y con capacidades complementarias en orden a contar con: - una capacidad técnica para acceder a la información más especializada que sustenta el diseño de las políticas públicas que da curso a ese servicio concreto, para analizar la información, sistematizarla y hacer una valoración de ella. - una capacidad de contacto directo y de primera mano del ciudadano/a de base, destinatario de lo servicios que generan las políticas públicas. - una capacidad comunicativa que pueda formar una corriente de opinión que fortalezca y dé peso a los resultados de la vigilancia. - una capacidad organizativa que articule las voluntades individuales y colectivas para establecer una red que manteniendo su flexibilidad pueda

3 sostener la tarea en un plazo suficientemente largo como para obtener un resultado consistente. Pedir cuentas, reclamar información sobre cómo se emplea el dinero público, y cómo se cumplen las promesas o los acuerdos firmados no ha sido una labor habitual en el Perú. Sin embargo, poco a poco han ido surgiendo diversas iniciativas para revertir esta pasividad. En el terreno de la alimentación, tanto las organizaciones de mujeres como las Ongs han hecho una vigilancia sobre los programas de apoyo alimentario, en el campo de la salud, los enfermos de TBC y también la Red Nacional de Promoción de la Mujer han vigilado servicios de salud, en el campo de los derechos humanos igualmente. En las zonas rurales el equipo consultor que ha preparado el informe preliminar del SIVISO para la Defensoría del Pueblo ha encontrado formas propias que la población campesina ha creado para vigilar obras o proyectos que se han realizado en sus zonas. Sin embargo estos esfuerzos han enfrentado múltiples dificultades y no han tenido un acceso fácil a la información. 3. La experiencia de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza. La experiencia de La Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza ha generado un espacio muy interesante pues sienta una de las bases importantes para institucionalizar la labor de vigilancia social: crea un espacio de concertación entre Estado y sociedad civil, repito entre Estado y sociedad civil, para poder ponerse de acuerdo en los lineamientos de política, en las prioridades que deben orientar las decisiones respecto de las políticas más específicas para superar la pobreza y poner las bases para el desarrollo. Quiero compartir lo que se trabajó en el Taller de coordinadores de las mesas departamentales respecto a este tema: un rol propositivo: el rol de seguimiento y vigilancia es clave en el periodo que se inicia para las mesas de concertación (nuevo gobierno, elecciones). No se orienta a la confrontación o denuncia sino a la solución de los problemas. del conjunto de la ciudadanía: el rol de vigilancia es una función que compromete no sólo a los Comités Ejecutivos Departamentales o a los grupos de seguimiento conformados a partir de la Mesa, sino que es un rol que debe involucrar al conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. El rol de la Mesa como instancia orgánica es el de instrumentar, facilitar y coordinar estos procesos que por propia iniciativa vienen impulsando diferentes instancias de la sociedad civil. Un espacio y un proceso Es importante valorar el espacio creado por las Mesas a nivel cada vez más local. A la fecha se han instalado más de 800 mesas de concertación para la lucha contra la pobreza en todo el país, en los 24 departamentos, en más de 160 provincias y 600 distritos, la mayoría de zonas rurales. Y como bien lo demuestra el Informe preliminar del SIVISO hay una serie de condiciones previas que se tienen que ir creando para que la vigilancia se pueda llevar a cabo en forma consistente. Esas condiciones configuran una

4 cierta institucionalidad que es indispensable para superar limitaciones seculares. Sin un espacio donde todos, Estado y sociedad civil se ejerciten en expresarse con libertad, en escucharse, en comparar intereses de unos y otros, en asumir responsabilidades de concertación, no será fácil superar la discriminación secular, el olvido, el hábito de canjear servicios a cambio de favores, y también la poca costumbre de generar información, la no previsión de los costos que conlleva poner la información al alcance de la ciudadanía, la inexistencia de canales que garanticen la transparencia en el manejo de recursos y contrataciones. Ese es un proceso lento que no puede constreñirse a las urgencias de la implementación de los programas, que debe poder diferenciar entre lo urgente y la necesidad de aprender de la experiencia. En el tiempo inmediato, las Mesas tienen previsto en su estructura organizativa Grupos de trabajo que contribuyan por un lado, a un diseño cada vez más consistente de la política social, y por otro, a ejercer una labor de seguimiento de los programas sociales. En este segundo grupo, nos hemos propuesto en la presente etapa hacer un seguimiento del Programa A Trabajar Rural y hemos firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para, desde el Comité interinstitucional del Programa A Trabajar Urbano, generar mecanismos de vigilancia. En el PESP Rural hemos focalizado este proceso de vigilancia en tres aspectos: - El grado de Concertación y Participación en la gestión de los proyectos. - La Neutralidad política en la ejecución y entrega de las obras - La Transparencia en el uso de recursos del Proyecto y en el acceso a la información. Pero además de esta labor de vigilancia de los programas sociales, la Mesa de Concertación se propone también hacer el seguimiento al cumplimiento de acuerdos producto de la concertación en los cuales están comprometidos fundamentalmente el Estado pero también todos los actores que participamos en estos procesos. Los compromisos planteados en la Carta Social, documento que expresa el acuerdo básico de los participantes en la Mesa de Concertación, así como las propuestas contenidas en los planes concertados de desarrollo departamental en proceso de elaboración y los presupuestos departamentales participativos, así como en la Carta de Política Social del actual gobierno, son instrumentos que ordenan el trabajo de vigilancia: atención a derechos fundamentales, empoderamiento de la ciudadanía, transparencia en la información y la descentralización, creando un círculo virtuoso entre participación y vigilancia.< Vigilar la coherencia entre los principios que orientan la política social, las y los resultados. Y vigilar también la coherencia al interior de los programas implementados en un determinado sector y entre sectores del Estado. La vigilancia entonces es una forma de participación que supone esfuerzos convergentes desde el Estado y desde la sociedad. Contribuye a un manejo más responsable de la gestión pública y se orienta a que ésta no sea sólo sancionada en los procesos electorales, sino durante el tiempo que se gobierna, para generar

5 políticas públicas que trasciendan los períodos de una gestión de gobierno en particular. El diálogo para el Acuerdo Nacional que se está iniciando en el país y los compromisos que allí van a asumir todos los sectores que están participando en él, constituyen otro instrumento valioso para procesos de vigilancia social, más aún en la medida que está planteado incorporar indicadores y metas que permitan el seguimiento. Ello deberá ayudar a potenciar este rol de la sociedad civil y la Mesa de Concertación espera ser uno de los espacios en que Estado y sociedad civil compartan sus resultados. Finalmente, las mesas de concertación pueden significar un camino de solución a una cierta práctica caracterizada por la presencia cíclica de movimientos de protesta que no buscan institucionalizar la participación sino elevar una demanda al Estado. En ese sentido, las mesas pueden cumplir una doble función: por un lado, la canalización institucionalizada de las demandas de los grupos sociales, pasando de la calle a la mesa y de la protesta a la propuesta, y por el otro la priorización concertada de las demandas lo que contribuye a una mayor gobernabilidad del régimen democrático. Ejemplo de ambas cosas son los presupuestos participativos (en los que se ha logrado comprometer al MEF para desarrollar una experiencia piloto en algunos departamentos que tendrá impacto en el proyecto de presupuesto del 2003) y la propuesta del sistema permanente de diálogo y concertación que está proponiendo la Mesa. Esto no implica necesariamente una visión optimista o idealizada de la sociedad civil sino que constituye una apuesta que pretende contribuir a su propia organización. Lima, marzo 2002