I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Transcripción

1 INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 3. DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO ÁLVARO IBARRA HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y los numerales 1 y 2 del artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto decreto, por el que se adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en el artículo 1o. lo siguiente en relación con los derechos humanos y las obligaciones de todas las autoridades al respecto: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En el siguiente artículo, la CPEUM reconoce los derechos de las personas y pueblos indígenas de nuestro país. Dicho numeral comienza así: La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.... A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes (el subrayado es propio).... Lo anterior es muestra de la intención del Constituyente de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos reconocidos en la CPEUM para todas las personas, incluidas las personas y pueblos indígenas, lo cual es sin lugar a dudas una necesidad latente en un país tan complejo y diverso como el nuestro.

2 En 2005, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social llevaron a cabo la Encuesta Nacional sobre Discriminación, un ejercicio para medir la percepción que el pueblo mexicano tiene sobre este tema, desde diversos ámbitos de la vida cotidiana. Entre los resultados destaca que 15.6 por ciento considera a la población indígena como el segundo sector más desprotegido ; el 19.9 por ciento piensa que la discriminación y la pobreza son consecuencia de que en una comunidad o ciudad convivan indígenas y no indígenas. Otro dato preocupante fue que 20.1 por ciento, 1 de cada 5 mexicanos, no aceptaría compartir su vivienda con un indígena. Los datos obtenidos con esta primera Encuesta Nacional sobre Discriminación son un indicador claro y preocupante del tejido de discriminación que se vive en nuestro país hacia las personas y pueblos indígenas, sector de la población que cuando menos representa 10 por ciento de las personas que viven en México. En 2007, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución 61/295, mediante la cual se daba a conocer la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Éste es un documento importante a escala internacional porque refleja la importancia de garantizar, proteger, respetar y promover los derechos de las personas y pueblos indígenas. En la legislación nacional se observa que en la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, disposición legal que regula la instancia encargada de atender a las personas y pueblos indígenas en México, no tiene una referencia expresa al respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por lo que se ha considerado importante que esto se consagre en los principios rectores contenidos en la legislación señalada. Para efecto de entender mejor la iniciativa se anexa el siguiente cuadro comparativo:

3

4 Por lo expuesto se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue: Artículo 3. La comisión regirá sus acciones por los siguientes principios: I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la nación; II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural; III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la administración pública federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras; V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, igualdad, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas; VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno; y

5 VII. El respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos de las personas y pueblos indígenas acorde con la Constitución mexicana y los estándares internacionales aplicables. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica)