CONSULTA TRIBUTOS REF CONSULTA NÚM ( ) 0PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE. CONCEPTO IMPOSITIVO Impuesto General Indirecto Canario

Transcripción

1 CONSULTA TRIBUTOS REF CONSULTA NÚM ( ) 0PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE DOMICILIO CONCEPTO IMPOSITIVO Impuesto General Indirecto Canario CUESTIÓN PLANTEADA NORMATIVA APLICABLE Art. 9.9º Ley 20/1991 Art. 50.Uno.26º Ley 4/2012 Art Ley 20/1991 Art Ley 20/1991 Se consulta si las cuotas del IGIC soportadas por el Cabildo consultante en sus adquisiciones o importaciones de bienes o servicios tienen la consideración de gasto subvencionable por no poder ser objeto de deducción. CONTESTACIÓN VINCULANTE Los entes públicos territoriales no tienen derecho a la deducción de las cuotas soportadas de IGIC en la adquisición o importación de bienes o servicios que utilicen en la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. Por ello, el Cabildo consultante no puede recuperar las cuotas del IGIC soportadas.

2 Visto el escrito presentado por, en el que formula consulta tributaria acerca del Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC), esta Dirección General de Tributos, en uso de la atribución conferida en la Disposición Adicional Décima.Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, Ley 20/1991), en relación con el articulo 23.2.t) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía y Hacienda aprobado por Decreto 12/2004, de 10 de febrero, emite la siguiente contestación: PRIMERO.- Se consulta si las cuotas del IGIC soportadas por el Cabildo consultante en sus adquisiciones o importaciones de bienes o servicios tienen la consideración de gasto subvencionable por no poder ser objeto de deducción. SEGUNDO.- El apartado 8 de artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regulador de los gastos subvencionables, dispone que: Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Conforme a ello, las cuotas del IGIC soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios son subvencionables si no pueden ser objeto de recuperación o compensación. La forma de recuperar, por parte de los empresarios o profesionales, las cuotas del IGIC soportadas en las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, es a través de la deducción o, si no pudo ejercerse la deducción de forma directa por no disponer de suficiente cuantía de cuotas devengadas, a través de la compensación o devolución. La deducción, compensación y devolución de las cuotas del IGIC soportadas se encuentra recogida en el Título II de la Ley 20/1991. Debe partirse del dato incuestionable de que los entes públicos territoriales, como el Cabildo consultante, tienen la consideración de empresario o profesional, y por tanto de sujetos pasivos, a efectos del IGIC, sencillamente porque existe un supuesto de exención específicamente aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúen los entes públicos territoriales, lo que equivale a la existencia de hechos imponibles sujetos al IGIC efectuados por los mismos. El artículo 9.9º de la Ley 20/1991 dispone que no están sujetas al IGIC: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes públicos sin contraprestación o mediante prestación patrimonial de carácter público. Los supuestos de no sujeción a que se refiere este número no se aplicarán cuando los referidos entes actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas mercantiles. 2

3 Por otra parte, el artículo º de la Ley 20/1991, con eficacia hasta el día 30 de junio de 2012, dispone que están exentas del IGIC: Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales canarias. El artículo 50.Uno.26º de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales (en adelante, Ley 4/2012), vigente desde el día 1 de julio de 2012, dispone que Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizados por el Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales canarias. En ningún caso la exención establecida en este número será aplicable a las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por los siguientes entes con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas: a) Los organismos autónomos. b) Las entidades públicas empresariales. c) Las sociedades mercantiles públicas. d) Las fundaciones públicas. e) Las entidades de Derecho público distintas de las mencionadas en los párrafos a) y b) de este apartado. f) Los consorcios dotados de personalidad jurídica a que se refieren los artículos 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este número hayan aportado mayoritariamente a los mismos, dinero, bienes o industria, o se hayan comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente, y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias o de una entidad local canaria. El legislador estatal y autonómico ha pretendido, respecto a las operaciones realizadas por los entes públicos territoriales con terceros, la nula tributación de los mismos, ya sea declarando no sujetas las entregas de bienes o prestaciones de servicios gratuitas o, siendo onerosas, su contraprestación tenga la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público (artículo 9.9º de la Ley 20/1991), ya sea declarando exentas las entregas de bienes o prestaciones de servicios onerosas cuya contraprestación no tenga la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público (artículo º de la Ley 20/1991, hasta el día 30 de junio de 2012, artículo 50.Uno.26º de la Ley 4/2012, desde el día 1 de julio de 2012). 3

4 Por tanto, las operaciones empresariales o profesionales que efectúen los entes públicos territoriales, como el Cabildo Insular consultante, en Canarias están o no sujetas o exentas, con lo cual no devengan ninguna cuota del IGIC. El artículo 28.1 de la Ley 20/1991, regulador de la naturaleza y ámbito de aplicación de las deducción, dispone 1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario devengadas como consecuencia de entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en las Islas Canarias las que, devengadas en dicho territorio, hayan soportado en las adquisiciones o importaciones de bienes o en los servicios que les hayan sido prestados, en la medida en que dichos bienes o servicios se utilicen en la realización de las operaciones sujetas y no exentas al Impuesto o en las demás operaciones determinadas en el número 4 del artículo siguiente de esta Ley. El citado número 4 del artículo 29 dispone: 4. Las cuotas soportadas y la carga impositiva implícita reseñada en el número anterior serán deducibles en la medida en que los bienes o servicios cuya adquisición o importación determinen el derecho a la deducción, se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de las siguientes operaciones: 1º.- Las efectuadas en las Islas Canarias que se indican a continuación: a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas en el Impuesto General Indirecto Canario. b) Las prestaciones de servicios cuyo valor esté incluido en la base imponible de las importaciones de bienes a tenor de lo establecido en esta Ley. c) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que gocen de exención en virtud de lo dispuesto en los artículos 11º y 12º de esta Ley, así como las demás exportaciones definitivas de bienes y envíos de bienes con carácter definitivo a la Península, Islas Baleares, Ceuta o Melilla que no se destinen a la realización de las operaciones a que se refiere el apartado 2º de este número 4. d) Las relativas a los regímenes suspensivos, a las Zonas Francas, Depósitos Francos y Depósitos que estén exentas del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 13º de esta Ley y los servicios exentos de conformidad con lo establecido en el número 1, apartados c) y d), y el número 2 del artículo 15º de esta Ley. e) Las de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las mismas, así como las bancarias o financieras, que hubiesen resultado exentas, si se hubiesen realizado en el ámbito territorial de aplicación de este Impuesto, en virtud de lo dispuesto en el número 1, apartados 16.º y 18.º del artículo 10º de la presente ley, siempre que el destinatario de tales prestaciones no esté establecido en la Comunidad Económica Europea o que las citadas operaciones estén directamente relacionadas con las exportaciones de bienes a países no pertenecientes a dicha Comunidad y se efectúen a partir del momento en que los bienes se expidan con destino a Terceros Países. f) Los servicios prestados por agencias de viajes exentos del Impuesto en virtud de lo establecido en el número 3 del artículo 54º de la presente Ley. 4

5 g) Las entregas gratuitas de muestras y objetos publicitarios de escaso valor y las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito, realizadas unas y otras para la promoción de actividades empresariales o profesionales. h) Los servicios de telecomunicaciones y las entregas de bienes de inversión exentas por aplicación de lo dispuesto en los artículos 24 y 25, respectivamente, de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 2º.- Las realizadas en la Península, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, cualquier otro Estado miembro de la CEE o bien en Terceros Países que originarían el derecho a deducción si se hubieran efectuado en las Islas Canarias. Se constata de forma diáfana que la no sujeción prevista en el artículo 9.9º de la Ley 20/1991 y la exención recogida en el artículo º de la Ley 20/1991 y en el artículo 50.Uno.26º de la Ley 4/2012, no tienen la consideración de plenas, es decir que no dan derecho a deducir las cuotas del IGIC soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios que se utilicen en la realización de tales operaciones no sujetas o exentas. TERCERO.- Conforme a todo lo expuesto, es criterio vinculante de esta Dirección General de Tributos que los entes públicos territoriales no tienen derecho a la deducción de las cuotas soportadas de IGIC en la adquisición o importación de bienes o servicios que utilicen en la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. Por ello, el Cabildo consultante no puede recuperar las cuotas del IGIC soportadas. La presente consulta se emite conforme a la legislación vigente a la fecha de firma de la misma y a los efectos que establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2012 EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS Alberto Génova Galván 5